La Constitución vigente consagra la existencia de cuatro Estados de Excepción Constitucional, los cuales permiten que, en situaciones extremas, se suspendan ciertos derechos fundamentales y que las Fuerzas Armadas tomen mayor control y responsabilidad en asuntos internos. Estos cuatro estados de excepción actualmente son: i) el de Asamblea, en caso de guerra externa; ii) de Sitio, en caso de guerra interna; iii) de Catástrofe, en casos de calamidad pública; y iv) de Emergencia, para casos de grave alteración del orden público o de daño o peligro para la seguridad de la Nación.
En la propuesta de Constitución que nos presenta la Convención se mantienen todos excepto el de Emergencia (aunque ahora lo sugiere el acuerdo de los partidos políticos oficialistas como reforma en caso de ganar el Apruebo).
Y no podemos olvidar que es justamente este el que se utiliza hoy en La Araucanía por los permanentes actos de terrorismo de los cuales somos testigos semana a semana. Y es también el que constantemente se ha pedido producto de los recurrentes atentados incendiarios que estamos sufriendo en nuestra región.
Se ha dicho que no importa que se haya eliminado ya que en su lugar se puede decretar el Estado de Catástrofe. Esto es un profundo error, ya que las causales de los estados de excepción deben ser siempre interpretadas de manera estricta y no amplia en virtud de las consecuencias restrictivas que tienen en las libertades individuales.
Además, la causal de calamidad pública que justifica el Estado de Catástrofe corresponde, según la definición de la Real Academia Española, la historia constitucional del país y a las normas legales del Código Civil y Penal, a desgracias o infortunios de la naturaleza (como erupciones o terremotos).
A esto se suma que durante la discusión constitucional se dijo expresamente (por los convencionales Motero y Catrileo por ejemplo) que la idea era eliminar el Estado de Emergencia porque se consideraba innecesario y/o negativo para el país.
Podemos estar de acuerdo o no con el contenido de esta propuesta, pero lo que no podemos hacer es disfrazar o esconderle la verdad a la ciudadanía.
Tomás Mandiola Fundación Pacto Social