Las regiones de Tarapacá, Metropolitana, Los Ríos y Bio Bío con las mayores tasas de homicidios de niños, niñas y adolescentes por armas de fuego.
La Defensoría de la Niñez, a través de su Observatorio de Derechos, dio a conocer cifras que revelan una dura realidad: solo hasta la última semana del 2023, un total de 38 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados con armas de fuego.
Se trata de un estudio realizado con el fin de visibilizar la situación de la niñez y adolescencia en Chile en medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país.
El análisis está basado en datos proporcionados por el Ministerio de Salud, que revelan un aumento de diversos indicadores de violencia hacia la niñez y adolescencia.
En comparación a 2019, desde 2022 se ha identificado un aumento de los homicidios, lesiones y violencia sexual a niños, niñas y adolescentes que resultan altamente preocupantes, indica la Defensoría de la Niñez.
Respecto de los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes, producto del uso de armas de fuego, si se observan los datos desde el año 2000, se identifica un incremento importante en el 2022, cuando las muertes llegaron a 49, 20 más que en el 2021.
Al desagregar la información por región, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez muestra que, en términos de cantidad de niños, niñas y adolescentes fallecidos por armas de fuego, la Región Metropolitana encabeza la lista en el 2023 con un total de 25 defunciones por este motivo, seguido de Bío Bío con 4.
Pero al analizar la tasa por cada 100 mil habitantes, la región de Tarapacá es la que tiene una mayor tasa con respecto a su población de todo el país, seguida de la región del Bío Bío.
En la revisión por comunas, el Observatorio señala que Iquique es la que presenta la mayor cantidad de casos del país, con nueve defunciones por este tipo de fallecimiento entre 2021 y 2023, seguido de San Bernardo y Renca.
Sobre este tema, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advierte que “la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es algo inaceptable y terrible, pero no debemos olvidar que también es algo prevenible”.
“No poner ahí los esfuerzos significa omitir la responsabilidad que tenemos todos los garantes en evitar una afectación grave al derecho de estar protegido contra toda forma de violencia que impactan en la supervivencia y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, apuntó.
Adicionalmente, Quesille destacó que este análisis realizado por la Defensoría de la Niñez “tiene como finalidad aportar a la toma de decisiones de las autoridades competentes, para que puedan basarse en un enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia para generar políticas públicas específicas y bien definidas, que reduzcan las desigualdades estructurales que impiden el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, junto con generar acciones para la prevención y no repetición de vulneraciones de derechos humanos”.
Estos hechos relativos al uso de armas de fuego, se suman al constatado en septiembre de 2023 por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, que identificó un aumento del 173% de entre 2019 y 2022 de los casos policiales por uso de armas en los establecimientos educacionales, relevando la magnitud de este problema.
