En el Tribunal de Panguipulli, fue controlada la detención de Marcelo Zúñiga López, representante legal de la Empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SANTA MARIA LIMITADA, la que es investigada por delitos tributarios por montos que sobrepasan los $1.764 millones en perjuicio del Fisco, delitos por los que la contadora Magaly Lara Pinera, de 64 años, fue formalizada el pasado 18 de octubre y se mantiene en prisión preventiva en la cárcel de Valdivia, medida cautelar que será revisada el mismo día 10 de Noviembre.
En el control de detención se acordó que Zúñiga será formalizado el próximo día 10 de Noviembre desde las 11 horas, por delitos contemplados en el Código Tributario.
Según la investigación llevada a cabo hasta el momento por la Fiscalía de Panguipulli, el delito fue cometido entre los años 2017 y 2021 “mediante la presentación de 1.019 facturas ideológicamente falsas, provocando un perjuicio fiscal ascendiente a la suma total de $1.764.876.768”, mientras ejercía como contadora de dos empresas de la comuna de Panguipulli.
El empresario local, enfrenta una Querella por Delitos Tributarios del propio Servicio de Impuestos Internos, según se informó.
Los hechos
El SII presentó una querella ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli en contra de Marcelo Zúñiga López y Magaly Lara, como autor y coautora, respectivamente, de los delitos tributarios previstos y sancionados en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 97, N° 4, del Código Tributario, es decir, presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, documentos tributarios falsos y maniobras para solicitar la devolución de impuestos en casos en que no corresponde.
Esta querella tiene su origen en los permanentes planes de fiscalización que se desarrollan en las distintas regiones del país, para asegurar el correcto cumplimiento tributario en el segmento de empresas constructoras. En ese marco, se inició un proceso de recopilación de antecedentes que derivó en la presentación de una primera querella, en marzo de 2023, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli en contra de estas personas. En el caso de Marcelo Francisco Zúñiga López, en su calidad de representante legal de Constructora e Inmobiliaria Santa María LTDA. Y, en el caso de Magaly Pascuala Lara Pineda, en su calidad de Contadora de la mencionada sociedad, como autor y coautora de los delitos tributarios previstos y sancionados en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 97, N°4 del Código Tributario.
En el caso de Magaly Lara, también es imputada como autora de delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario. Es decir, se les acusa de delitos tributarios asociados a la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas y el uso de documentos tributarios falsos, además de maniobras cuyo único objeto de obtener devoluciones de impuesto que no corresponden.
De acuerdo a los antecedentes que maneja el SII, ambos involucrados introdujeron a la Constructora e Inmobiliaria Santa María LTDA., 602 facturas falsas, con el objeto de aumentar el Crédito Fiscal de IVA, presentar declaraciones de Impuesto a la Renta falsas y obtener devoluciones indebidas de impuestos.
En el caso de la primera querella, los delitos se habrían cometido entre los años 2017 a 2021, ambos inclusive, por un perjuicio fiscal total de $1.338.866.387.
De acuerdo a la segunda querella, se detalla que Marcelo Zúñiga, en su calidad de representante legal de Maderas Marcelo Francisco Zúñiga López E.I.R.L. y Magaly Lara, en su calidad de contadora de esta empresa, incorporaron a MADERAS MARCELO FRANCISCO ZÚÑIGA LÓPEZ E.I.R.L. 407 facturas falsas, con el objeto de aumentar el Crédito Fiscal de IVA, presentar declaraciones de Impuesto a la Renta falsas y obtener devoluciones indebidas de impuestos, ocasionando un perjuicio fiscal total ascendente a la cantidad de $396.010.381.
De esta forma, Marcelo Francisco Zúñiga y Magaly Lara Pineda están acusados por el SII de cometer, en total, 4 delitos tributarios entre los años 2017 y 2022, mediante el uso de 1.009 documentos tributarios falsos, con los que ocasionaron un perjuicio fiscal que llega, en total, a $1.734.876.768.
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