MUNICIPIO A CIEGAS Y 16 MILLONES PERDIDOS
El año 2019 la Municipalidad de Panguipulli cerraba la licitación pública denominada “Ampliación de Sistema de Cámaras de Televigilancia Panguipulli, sin embargo, paralelo a ello, un vecino de la Comuna ingresaba al portal de la Contraloría General de la Republica una denuncia, con carácter de reserva de identidad, sobre supuestas irregularidades en el procedimiento de licitación y contratación del proyecto antes mencionado, además de presuntos vicios en la contratación del Director de Seguridad Pública de esta entidad.
La lectura de esta investigación, realizada el año 2020 por Contraloría, denominado Informe Final de Investigación especial N°164, de 2020, Municipalidad de Panguipulli, es una auditoria al proyecto y a los actos administrativos de la ejecución de los trabajos emanados del contrato “Ampliación de Sistema de Cámaras de Televigilancia Panguipulli,
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
Los funcionarios públicos tienen ciertas obligaciones emanadas de la naturaleza del cargo, para ello hay un Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece que las obligaciones de cada servidor (publico) que es “desempeñar personalmente las tareas del cargo en forma regular y continua, realizándolas con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo s los objetivos de la institución (municipalidad). En tanto que “Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Es decir, es obligación del Alcalde tener un control jerárquico sobre las acciones de sus funcionarios.
ADJUDICACIÓN Y PLAZOS DEL CONTRATO
El contrato denominado “Ampliación de Sistema de Cámaras de Tele vigilancia Panguipulli” fue adjudicado a la Empresa (XXXXX) mediante el decreto alcaldicio N°3.126, de fecha 9 octubre de 2019, por el monto de $44.999.999.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 20 días corridos y cuyo contrato suscrito el 11 de octubre de 2019, fue formalizado a través del decreto alcaldicio N°3.173.
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL
Respecto del Control Interno, el análisis de los antecedentes y que son pare del informe, Contraloría estableció que “se detectó la falta de control y supervisión del Inspector Técnico del Servicio” ( que para el caso recayó en el Director de Seguridad Pública municipal), además de deficiencias en la ejecución del contrato proveniente de la licitación privada ID N°3573-62-CO19, denominada “Ampliación de Sistema de Cámaras de Tele vigilancia Panguipulli”, tales como “incumplimientos en la fecha de término de los trabajos, aumentos de plazos y suspensiones de obras improcedentes, entre otras faltas. Esto, según el informe, “denota una vulneración en los que se estipula que el servicio debe vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia”, el informe dice que, los supervisores de dicho proyecto “no hicieron su trabajo”, ya que “los supervisores deben examinar y aprobar cuando proceda el trabajo encomendado a sus subordinados, así mismo, proporcionar al personal las directrices y las orientaciones necesarias para minimizar los errores, el despilfarro y los actos ilícitos. Entonces se desprende, que el Inspector Técnico del Servicio, no hizo el trabajo para el que se le contrató, con nada más y nada menos que con un grado 8.
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PANGUIPULLI
Cada municipalidad, por ley, tendrá un Departamento de Seguridad Pública, así como un Director, funcionario de exclusiva confianza del Alcalde en ejercicio, ya que está facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en el momento que decida, de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal. En este contexto, el informe de Contraloría no detectó vicio alguno en el nombramiento de dicho funcionario, por cuanto el alcalde, no necesita un Concurso Público para proveer este cargo, por tanto, es designado por este y podrá ser removido por el mismo. La ley indica que el Director de Seguridad Publica, será colaborador directo del Alcalde en las tareas de coordinación y gestión del Plan Comunal de Seguridad Pública, garantizar que las cosas se hagan bien.
PANGUIPULLI A CIEGAS
La Contraloría instalada en la Municipalidad de Panguipulli, de acuerdo a la denuncia recibida, comienza el proceso de la revisión exhaustiva de la documentación, lo cual comenzó a arrojar resultado respecto de la denuncia anónima recibida por el organismo contralor.
LA PRIMERA MENTIRA
El día 29 de octubre de 2019, el proveedor (la empresa) a través de una carta, solicitó a la Municipalidad de Panguipulli la ampliación de plazo por 45 días para la ejecución del contrato, argumentando que el Estado de emergencia vivido esos días, por el Estallido Social, implicó un impedimento para la llegada de los materiales a emplear en el proyecto.
En esa oportunidad, el Director de Seguridad Pública informó al alcalde de esta carta, sugiriendo aprobar la ampliación del plazo, por lo que a través del Decreto Alcaldicio N°3.793, de fecha 5 de diciembre de 2019, se autoriza la solicitud, estableciendo una nueva fecha, el 17 de diciembre de 2019.
Respecto de lo mismo, la investigación arrojó que se según el Director de Seguridad Pública, consultado por Contraloría, “sobre los materiales que no fueron entregados al contratista y que habrían generado retrasos en la ejecución del proyecto, este (el director de seguridad pública) comunicó por medio de un correo electrónico de fecha 5 de febrero de 2020, que se trataba de los postes necesarios para la instalación de las cámaras”. Sin embargo, el mismo director e inspector técnico del proyecto, para cursar el primer estado de pago N°3.731 y 3.732, de $5.000.000 y $720.000 respectivamente, ambos con fecha 21 de octubre de 2019, acreditó tener a la vista los materiales para la ejecución de las obras, entre ellos, 24 cámaras de seguridad, servidores de grabación, gabinetes, discos duros, licencias, complementado con anexo fotográfico que muestra los 24 postes. El Director de Seguridad Pública de Panguipulli, funcionario de confianza del alcalde, había mentido. Esto no es menor, considerando que es uno de los funcionarios municipales con uno de los sueldos más altos. Cabe señalar, que el mismo funcionario, al validar el aumento de plazos y suspensión de obras sin justificación, transgredió el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece que son obligaciones de cada servidor, desempeñar personalmente las tareas del cargo en forma regular y continua, realizándolas con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a los objetivos de la institución, en este caso la Municipalidad de Panguipulli.
Lo escandaloso de los antecedentes a lo que accedió la Contraloría, no le dejó alternativa al Alcalde de instruir una Investigación Sumaria a su funcionario de confianza, el Director de Seguridad Publica. Se nombró como fiscal al Administrador Municipal, a fin de establecer posibles responsabilidades administrativas al hecho observado. Según la información que, emanada de este informe, este sumario se resolvió, aplicando al Director de Seguridad Pública la medida disciplinaria de multa del 5% de su remuneración mensual y una anotación de demerito de dos puntos en su hoja de vida. Se perdieron dieciséis millones de pesos y nadie lo supo, hasta ahora.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas del proyecto de “Cámaras de tele vigilancia Panguipulli”, requería la instalación de 24 cámaras de tele vigilancia del tipo Domo Móvil, full HD, con las siguientes características mínimas: capacidad de operar tanto de día como de noche; pixeles efectivos mínimos; 40 megapíxeles; compresión H.264 y JPEG, zoom óptico de 360x; zoom digital de 12x, rotación continua de 360°, reconocimiento de patentes mínimo de 40 metros de distancia, y temperatura de operación desde -50° hasta 55°, cumplir con el estándar IP66, resistente al polvo y al agua; ONVIF modelo compatible. Sin embargo, el producto adquirido por el proveedor, factura N°24958, del 18 de octubre de 2019, proporcionada por el Inspector Técnico del Servicio, (también Director de Seguridad Pública de Panguipulli), mediante correo electrónico de fecha 16 de enero del mismo año, corresponden a cámaras de seguridad del tipo DH-SD9225U-HNI, con un Zoom óptico de 25x. El producto no correspondía a lo pactado en el contrato, especificado en las bases de licitación. Por otra parte, en el informe emitido por el Inspector Técnico del Servicio, del día 22 de octubre de 2019, se indica que los equipos contemplados, marca Dahua, corresponden a la serie DH-SD59430U-HNI, con un zoom óptico 30x, muy distinto a lo realmente adquirido, cámaras de seguridad del tipo DH-SD9225U-HNI, con un Zoom óptico de 25x. “Nuevamente este funcionario mentía y fue detectado por Contraloría”.
A esa altura de la investigación, la Contraloría, en la revisión de los antecedentes, advirtió ciertos comentarios, en la fase de preguntas y respuestas de la licitación, donde se solicita disminuir el zoom óptico de las cámaras requeridas, de acuerdo al presupuesto asignado, no obstante el municipio fue imperativo respecto de que las cámaras no podían ser de un zoom óptico inferior a 36x.
DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA
Mediante decreto alcaldicio N°520, el alcalde de Panguipulli, de fecha 10 de febrero de 2020, designó a la Comisión a cargo de la recepción provisoria de las obras (nombre proyecto), la cual fue integrada por el Director (S) de la Secretaria Comunal de Planificación, Director de Seguridad Pública e Inspector Técnico del Servicio, un ingeniero constructor y el Director de Obras Municipales. Dicho esto, el día 11 de febrero de 2020, la comisión, “recibió conforme” el contrato, levantando un acta, donde se dejaba por escrito que “el contratista dio cumplimiento con las bases y especificaciones técnicas correspondientes”. Sin embargo, en el presente informe de investigación de la Contraloría, se lee, “es dable observar que los requeridos funcionarios no corroboraron que los equipos instalados cumplieran efectivamente con lo requerido en las bases y especificaciones técnicas, lo que se contraviene con el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establece que son obligaciones de cada servidor (público) desempeñar personalmente las tareas del cargo, en forma regular y continua, realizándolas con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia.
Como era de esperar, el Alcalde contestó que “se había instruido una investigación sumaria, por decreto alcaldicio N°1.671, con fecha 01 de julio de2020, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de ese acto, es decir, un Sumario más.
En este sentido, la Contraloría es tajante y clara en su informe donde establece “que los referidos funcionarios desatendieron su obligación, por cuanto no representaron que los equipos instalados no se condicen a los exigidos en los antecedentes que regularon el contrato”, “y procedieron a recepcionar sin objeciones, los equipos y trabajos entregados por el contratista, lo anterior, pese a que el ITS (y Director de Seguridad Pública de Panguipulli) ya se encontraba en conocimiento de tales situaciones advertidas en esta investigación”.
FALTA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
En las bases administrativas, se establece que el ITS sería el responsable de velar por la correcta ejecución del proyecto, ciñéndose estrictamente a las especificaciones técnicas, formular las observaciones en la ejecución de los trabajaos, la calidad de los suministros, hacer cumplir la programación del proyecto e informar al mandante, en este caso a la Municipalidad de Panguipulli, representada por el Alcalde, a través de la Unidad Técnica, acerca del cumplimiento del contrato. Además, estipular en el libro de obras, los hechos más relevantes, en especial, el cumplimiento de las bases y especificaciones técnicas. No obstante, en el informe emanado por Contraloría General de la República, se hace hincapié en que este funcionario, de exclusiva confianza del alcalde, “no registro objeciones o requerimientos al contratista en el periodo de ejecución con el objetivo de corregir eventuales irregularidades en el cumplimiento del contrato.
En este sentido, el Inspector Técnico del Servicio (Director de Seguridad Pública) faltó a las obligaciones que le fueron asignadas”, “toda vez que no verificó ni exigió que las obras ejecutadas cumplieran con los requerimientos especificados en los antecedentes de licitación”. Esto implica que no actuó en conformidad a lo estipulado en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en cuanto a “desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución”. El informe no se detiene ahí, y va en la búsqueda de la responsabilidad que les cabe a sus superiores jerárquicos, en este caso el Alcalde de Panguipulli, ya que el funcionario, es de su exclusiva confianza, por lo que las AUTORIDADES Y JEFATURAS, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. En simple, la Contraloría dice que el Alcalde debió tener un control directo de los hechos emanados de la ejecutó del proyecto, pero no lo hizo, por tanto es tan responsable como el funcionario en cuestión.
EXAMEN DE CUENTAS
Cabe recordar que de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, se debía instalar 24 cámara de tele vigilancia de 36x de zoom óptico, no obstante, lo auditado por la Contraloría, “se verificó que los bienes instalados por el proveedor cuentan con especificaciones técnicas que difieren de lo solicitado, toda vez que el contratista adquirió cámaras de 25x de zoom óptico, sin embargo el ITS del contrato (y Director de Seguridad Pública de Panguipulli), emitió informes de los cuales expresa conformidad en la ejecución, que permitió al municipio cursar estados de pagos. Para el caso, el presupuesto atomizado que el valor neto de cada cámara a instalar sería de $800.000, por lo que el monto total por cámara, IVA incluido, alcanza la suma de $952.000.
Sin embargo, en el detalle, la factura N°24958, del 18 de octubre de 2019, proporcionada por el Inspector Técnico del Servicio, mediante correo electrónico de fecha de 16 de enero de 2019, se corroboró que los bienes adquiridos por el proveedor corresponden a cámaras de seguridad del tipo DH-SD59225U-HNI, que cuentan con un zoom óptico de 25x, con un valor unitario de $265.080, IVA incluido, por lo que se evidencia una diferencia entre lo ofertado y lo efectivamente entregado a la entidad licitante, la Municipalidad de Panguipulli, de $16.486.080.-. Sumado a lo anterior, se evidenció que ningunos de los estados de pago y los respectivos egresos de la Municipalidad de Panguipulli, se adjuntó el documento fotográfico que acredite la instalación del letrero de obras solicitado en las bases. Esto vulnera las bases administrativas, ya que, por cada pago realizado al contratista, este debía presentar entre otros documentos, un “set fotográfico” (impreso y digital) del avance de la obra”. Lo anterior, “constituye una falta a la obligación que tiene todo funcionario público, en este caso, el ITS y Director de Seguridad Publica de Panguipulli y cargo de exclusiva confianza del Alcalde, de adoptar las medidas de cuidado y resguardo necesarias del patrimonio y bienes público”.
Sin embargo, en otro oficio, el alcalde responde a Contraloría, que esa municipalidad (de Panguipulli), no tendría un eventual daño al detrimento de su patrimonio, aun cuando no se tiene claridad de donde fue a parar los dieciséis millones.
PALABRAS FINALES
Estamos a dos semanas del proceso electoral para definir quién será el próximo alcalde de Panguipulli. En este contexto, el alcalde ha querido vender la idea de que su gestión ha sido de total e inigualable transparencia y probidad, sobre todo de los funcionarios que son parte del equipo de confianza del alcalde, no obstante, a través de un informe de Contraloría, constatamos que durante varios años solo se ha contado solo parte de la historia. Tuve acceso a esta investigación pública, del todo negativa para la imagen municipal, ya que un funcionario de confianza del edil no hizo su trabajo y peor aún falseó información, nunca lo supimos hasta ahora. Tampoco sabemos si las recomendaciones de la Contraloría, respecto del o de los funcionarios responsables de estas irregularidades, fueron adoptadas por el alcalde, sobre todo cuando estos funcionarios son de su confianza.
PREGUNTAS ESENCIALES
Dicho esto, quedan algunas interrogantes que debe responder el alcalde:
1. Acaso, ¿después de la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica al proceso de licitación, adjudicación y ejecución del proyecto, ¿Ampliación de Sistema de Cámaras de Tele vigilancia Panguipulli, por $44 millones, donde se instalaron cámaras de menor valor y resolución, fueron cambiadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, como correspondía?
2. De acuerdo a la gravedad de los hechos, ¿Se realizó un juicio de cuentas a él o los funcionarios involucrados?
3. ¿Cómo o que acciones ha tomado la Municipalidad de Panguipulli, en este caso el alcalde, para recuperar los 16 millones de perdida fiscal por la falta de rigurosidad por parte del Inspector Técnico del Servicio (Director de Seguridad Pública) y la Comisión que visó los pagos a la empresa que ejecutó el proyecto?
Estaremos atentos.
