La decisión del Gobierno de descartar la construcción de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Panguipulli deja en evidencia una profunda falta de gestión política por parte de las autoridades locales y regionales alineadas con el actual oficialismo.

Durante meses, la actual administración municipal sostuvo reuniones, anuncios y gestiones que alimentaron la expectativa de contar con un cuartel propio de la PDI en la comuna lacustre. Sin embargo, finalmente fue la propia institución policial la que resolvió priorizar la construcción de un nuevo recinto en la comuna de La Unión, capital de la provincia del Ranco, dejando a Panguipulli fuera de la planificación.

El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, confirmó que la decisión respondió a criterios institucionales de priorización, asegurando que no se ha justificado, hasta ahora, la necesidad de un cuartel propio en la comuna. En su reemplazo, se optó por mantener el trabajo investigativo mediante un modelo colaborativo con la Municipalidad de Panguipulli, utilizando dependencias municipales ya existentes.

Más allá de la explicación administrativa, el caso abre una interrogante política mayor: ¿dónde estuvo la gestión de los senadores y diputados del actual gobierno? ¿Dónde está la capacidad de incidencia de un alcalde que comparte línea política con el Ejecutivo? ¿Qué rol jugaron los parlamentarios oficialistas de la región en una demanda que fue públicamente instalada como prioritaria para la seguridad comunal?

Las promesas, las fotografías, las reuniones y los anuncios no fueron suficientes. Hoy, la realidad demuestra que Panguipulli quedó fuera de la inversión, evidenciando que sin gestión política efectiva, los compromisos se diluyen y las necesidades de la comunidad quedan nuevamente postergadas.