La controversia por la norma que el Gobierno ingresará en la ley de reajuste al sector público, y que limita los despidos de funcionarios, continúa escalando tanto en la oposición como al interior del oficialismo. Los cuestionamientos apuntan a que la iniciativa buscaría “asegurar” la permanencia de funcionarios que ingresaron durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
Un cálculo elaborado por el centro de estudios Horizontal, a partir del Informe Trimestral de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), indica que 32.767 funcionarios “a contrata” ingresaron al Estado durante el actual Gobierno y serían potenciales beneficiarios de la norma.
Del total, 22.949 funcionarios corresponden al sector Salud, 4.688 a Educación y 1.825 a Gobiernos Regionales, concentrando así la mayor parte de los nuevos ingresos. A ellos se suman 988 funcionarios en el Ministerio de Obras Públicas, 693 en Desarrollo Social, 398 en Defensa, 327 en Agricultura, 291 en Trabajo y 154 en Vivienda.
Uno de los datos que genera mayor atención es el del Ministerio de Hacienda, donde 818 personas a contrata ingresaron durante la administración Boric. En el Ministerio del Medio Ambiente, en tanto, se registran 119 funcionarios a contrata incorporados en el actual período gubernamental.
Otras reparticiones también muestran incrementos: Energía (113), Relaciones Exteriores (93), Economía (88), Deporte (80), Cultura (79), Transportes (77) y Segegob (62). En contraste, algunas carteras evidencian una disminución de personal, como el Ministerio del Interior, con una baja de 1.305 funcionarios, la Presidencia, con 10 menos, y el Servicio Electoral (Servel), que redujo su dotación en nueve personas.
Las cifras han sido utilizadas por sectores críticos del Ejecutivo para reforzar la idea de un eventual “amarre” administrativo antes del término del mandato, mientras que desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de otorgar estabilidad laboral y continuidad a servicios públicos esenciales.
El debate legislativo promete intensificarse en las próximas semanas, en un contexto donde la gestión del empleo público se ha convertido en uno de los principales flancos políticos para La Moneda.
