La Contraloría General de la República (CGR) ofició a 232 municipios del país para fiscalizar el cumplimiento de la normativa que impide el pago de remuneraciones por días no trabajados debido a paralizaciones consideradas ilegales. La medida busca que se informen los descuentos aplicados a docentes que participaron en movilizaciones sin justificación formal.
Según el oficio del organismo, la adhesión voluntaria a una paralización irregular “implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia”. Además, Contraloría instruyó a los municipios a informar sobre las acciones adoptadas para asegurar la continuidad del servicio educativo durante las movilizaciones, así como los mecanismos de descuento aplicados. En caso de no haber ejecutado aún esas medidas, deberán enviar los antecedentes una vez realizados, incluyendo los nombres de los funcionarios y los montos descontados. El plazo para entregar esta información es de cinco días hábiles.
La decisión ha generado un fuerte rechazo del Colegio de Profesores. Su presidente, Mario Aguilar, acusó una “operación política” para restringir derechos laborales y desconocer jurisprudencia previa que reconoce el derecho a movilización de los trabajadores públicos. “Esto es una fuerte e inusitada operación política para atentar contra los derechos conquistados, contra la posibilidad de movilizarse y de reclamar contra malas condiciones de trabajo”, señaló el dirigente.
Aguilar también criticó que la Contraloría eliminó, con este dictamen, el principio de “confianza legítima” que protegía a trabajadores del sector público a contrata, y denunció que se estaría desconociendo lo establecido por la Corte Suprema y otras instancias judiciales en defensa de la movilización como un derecho.
La polémica ocurre en un escenario de tensión entre el Gobierno, los gremios educativos y las autoridades locales, en medio de las constantes demandas por mejoras laborales del profesorado y por el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
