Un complejo entramado de irregularidades financieras quedó al descubierto tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Corporación Municipal de Deportes de Panguipulli. El informe preliminar revela millonarios montos sin justificar, pagos por trabajos no realizados y depósitos directos a cuentas personales de funcionarios, entre otras anomalías ocurridas entre los años 2019 y 2020.
El proceso de fiscalización se inició a raíz de una denuncia presentada en 2023.
Esto motivó la revisión de procedimientos y documentos desde 2019 hasta 2021. Según confirmó la exfuncionaria Cynthia Camino —quien actuó como contraparte en la entrega de información al organismo fiscalizador— los hallazgos más graves corresponden a subvenciones deportivas que nunca llegaron a los clubes beneficiarios, y pagos efectuados sin respaldo documental.
Uno de los casos más emblemáticos es el del gimnasio de Puerto Fuy, donde se realizaron pagos por obras que nunca se ejecutaron. Finalmente, fue el Instituto Nacional del Deporte (IND) quien asumió la concreción del proyecto.
Además, se detectaron cheques girados desde la Corporación y depositados en cuentas personales, lo que configuraría una presunta malversación de fondos públicos. De hecho, un correo interno del excontador advertía una deuda por rendición de subvenciones cercana a los 25 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría indica que los montos observados serían considerablemente superiores.
“Estamos hablando de situaciones que perfectamente podrían configurar un fraude al fisco”, advirtió Camino. En este contexto, ya existe una querella presentada por malversación de fondos públicos correspondiente a los años 2019 y 2020, la cual fue acogida y se encuentra en manos del Ministerio Público. No obstante, la causa actualmente permanece sin perseverar.
Por su parte, la Contraloría otorgó un plazo de 60 días —a partir del 30 de abril— para que la municipalidad entregue los antecedentes faltantes o subsane las observaciones formuladas. De no cumplirse este plazo, podrían exigirse reintegros de recursos públicos.
Cabe señalar que la información recopilada hasta ahora está en poder tanto de la Contraloría como de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes continúan desarrollando diligencias para esclarecer los hechos.
La ciudadanía, entre tanto, exige respuestas claras, sanciones ejemplares si correspondieran, y transparencia en la gestión de los recursos públicos. La credibilidad institucional, afirman, está en juego.
Escuche la entrevista realizada a Cynthia Camino-Ex funcionaria de la Corporación de Deportes:
