Este viernes 20 de marzo al mediodía se dará inicio formal al Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia clave impulsada por el Gobierno para llevar adelante una revisión integral del aparato público. La primera sesión se realizará en el Palacio de La Moneda y marcará el punto de partida de uno de los principales compromisos de campaña del Ejecutivo: una auditoría total del Estado con énfasis en la transparencia y el uso eficiente de los recursos.
La reunión será encabezada por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, y contará con la participación de autoridades de Interior, Hacienda y representantes directos del Presidente. En esta primera instancia no solo se formalizará el comité, sino que también se definirán sus normas de funcionamiento, lineamientos estratégicos y un cronograma de trabajo que deberá cumplir con una meta exigente: concluir la auditoría en los primeros seis meses de mandato.
Desde el Ejecutivo adelantaron que durante la jornada podrían anunciarse medidas relevantes, incluyendo la priorización de áreas a auditar y la instrucción de diligencias clave para iniciar el proceso. La vocera de Gobierno aseguró que el objetivo es “ordenar la casa”, advirtiendo que los resultados podrían generar incomodidad, pero que no se ocultará información. “Los chilenos exigen transparencia y rendición de cuentas, y eso es lo que impulsaremos”, afirmó.
El modelo de trabajo contempla tres niveles: el comité estratégico, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y las unidades de auditoría interna de cada ministerio y servicio. Entre los focos principales estarán la revisión de transferencias de recursos, contrataciones y ejecución presupuestaria.
Expertos en transparencia han señalado que el éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad política para implementar cambios concretos y no limitarse a un gesto simbólico. En esa línea, no se descarta que el proceso sea complementado con auditorías externas para reforzar su credibilidad.
Con esta medida, el Gobierno busca instalar una señal clara de control, probidad y eficiencia en la gestión pública desde el inicio de su administración.
