El gobierno del presidente José Antonio Kast anunció sus primeras acciones para enfrentar la llamada “permisología”, es decir, los largos procesos de permisos que deben cumplir los proyectos de inversión en Chile.
La medida incluye la revisión de 20 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que están en la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Estos proyectos suman US$6.500 millones en inversión, y 30 de sus recursos están vencidos.
Además, se revisarán 22 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que están pendientes ante el Comité de Ministros, con inversiones cercanas a US$9.800 millones, de los cuales 11 recursos también están vencidos. A esto se agregan nueve proyectos adicionales que aún están tramitando su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Nuevos plazos para resolver recursos
El gobierno también fijó plazos para acelerar las decisiones:
Recursos vencidos: deberán resolverse en un máximo de 90 días desde que se recibe el oficio.
Nuevos recursos ante la dirección del SEA: tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles.
Recursos ante el Comité de Ministros: deberán resolverse en 60 días hábiles como máximo.
Auditoría al funcionamiento del Estado
Junto con estas medidas, el gobierno anunció una auditoría al funcionamiento de los servicios públicos. Para ello se formará una fuerza de tarea integrada por la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Hacienda y la Subsecretaría de la Segpres.
Este proceso se basará en tres pilares principales:
Aspecto técnico: crear una base clara de información para cada servicio público.
Gestión de emergencia: aplicar estándares de trabajo más rápidos en situaciones prioritarias.
Probidad: establecer mecanismos para denunciar irregularidades de manera inmediata.
Según el gobierno, estas medidas se aplicarán a todos los ministerios e instituciones del Estado, y los resultados de la auditoría serán informados directamente al Presidente.
