La ministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó este viernes la indicación que implementa la justicia militar en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) aprobada la jornada de ayer por las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Desde una perspectiva de principios universales del proyecto, la secretaria de Estado cuestionó la validez de la iniciativa, argumentando que los tribunales militares no son imparciales y deben responder a sus mandos.
En esa línea, Tohá expresó que la indicación “tiene una sola lógica; mostrarle una vez más a la ciudadanía que unos sí que están con las Fuerzas Armadas y otros no. Creo que las Fuerzas Armadas, cuando ven este debate o carabineros, se sienten desolados, no apoyados. Sienten que aquí reina una gran confusión, que no sabemos a dónde vamos”.
La ministra también resaltó la importancia de que la ley responda por las omisiones de los mandos policiales y militares en situaciones críticas, sin distinción entre civiles y Fuerzas Armadas.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de mantener la imparcialidad de los tribunales para garantizar la aplicación adecuada de la ley y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
“Este era un proyecto razonable y lo vamos a volver razonable en el transcurso de la tramitación que queda. En ningún país en tiempos de paz, los delitos en que participan civiles, sea como autores o como víctimas, se rigen por tribunales militares por la simple razón de que los tribunales militares no son imparciales”, indicó.
La ministra instó a devolver el proyecto a su texto original, priorizando principios como la responsabilidad por acción u omisión, el principio de proporcionalidad y la regulación de armas letales. Además, señaló que cualquier propuesta relacionada con la competencia de tribunales debería ser objeto de un proyecto especial, no incluida en un proyecto de ley sustantiva como el RUF.
“Los tribunales no están para dejar tranquila a una parte u otra, están para el cumplimiento de la ley, que se aplique y que todos tengan tranquilidad de que los juzgados van a ser imparciales, que van a pegarse al contenido de la ley y que se van a respetar la garantía de acusados y de víctimas”, señaló.
Finalmente, Tohá advirtió que, de aprobarse la indicación, el Gobierno recurriría al Tribunal Constitucional (TC), ya que considera que la medida “está fuera del debate y no forma parte de las ideas matrices del proyecto”. En este sentido, reafirmó la necesidad de centrarse en normas sólidas que reflejen los principios universales y el consenso de la sociedad.
“La invitación a la Sala como Ejecutivo es votar en general este proyecto a favor. Vamos a reponer indicaciones para que se vuelva al texto original en cosas básicas. Este es un proyecto de ley sustantiva, no de normas de competencia de tribunales”, puntualizó.
