En los casi ocho meses que van de Gobierno, ya cuatro delegados presidenciales regionales han renunciado a sus cargos, debiendo ser reemplazados. La última -el miércoles en la noche- fue Paola Peña (PC), de la región de Los Ríos, zona con un aumento en los ataques de violencia rural.
Aunque el Ministerio del Interior no anunció públicamente la causa de su renuncia, esta se dio luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia acogiera un recurso de protección de las cuatro familias propietarias del Fundo La Galera, en contra de Peña por un «actuar ilegal y arbitrario de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales».
Los argumentos están contenidos dentro de la acción legal: El 2 de marzo un grupo de personas ingresó a su predio a la fuerza con la excusa de la reivindicación territorial. Luego, «el 5 de marzo de 2022 un grupo de 15 personas aproximadamente, liderados por don Heraldo Railaf Nauco, werken (vocero) de la Comunidad Indígena Lonko Pablo Nauco, ingresaron a la propiedad alegando recuperación ancestral de territorio, logrando identificar a una persona que tendría nexos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)». Pero lo que acusan las familias es que «los días 12 y 13 de marzo del año en curso se realizaron lo que estima supuestas ceremonias ancestrales que se difundieron en redes sociales y el dieciséis del mismo mes la Delegación Presidencial recibió a la Comunidad Indígena Lonko Pablo Nauco con el objeto de iniciar un trabajo en conjunto para el proceso de reivindicación». Además, los acusantes pidieron, a través de una carta, a la Delegación Presidencial, la «adopción de medidas».
Sin embargo, al ser informado el recurso a la institución gubernamental, el abogado en representación convencional de esta respondió que «resultan inexigibles las peticiones contenidas en el recurso desde que mediante denuncia de los recurrentes se dio inicio a un proceso penal que se encuentra en tramitación ante el Ministerio Público».
Asimismo, aclaró que la reunión que tuvieron con los personeros de la comunidad fue para darle personalidad jurídica a esta. La repuesta formal de la propia Delegación ante la polémica fue que «somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial y no nos corresponde comentar el fallo», y agregaron que la nueva delegada, Carla Peña «se está interiorizando, junto a su equipo jurídico, del caso para evaluar las acciones a seguir».
