A propósito de la crisis que enfrenta nuestro país en materia de seguridad, desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) declaramos lo siguiente:
1.-En septiembre de 2022, los gobernadores y gobernadoras regionales de Chile nos reunimos con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar en detalle el problema de seguridad en el territorio.
En aquella oportunidad hicimos un llamado tanto al Gobierno como a toda la clase política a ser parte de un Gran Acuerdo Nacional por la Seguridad.
También solicitamos de manera formal la creación de una unidad especializada de Prevención del Delito y Atención a Víctimas en cada uno de los gobiernos regionales; Lo anterior con la finalidad de planificar y establecer medidas según las necesidades de cada región y junto a ello, descentralizar las acciones en esta materia.
Lamentablemente estas propuestas no fueron acogidas en su minuto y hoy se nos acabó el tiempo. Autoridades de todos los poderes del Estado, sin distinción, tenemos el deber de unirnos para establecer una alianza nacional contra el combate de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado y estar, de una vez por todas, a la altura de la demanda más urgente y sentida de la ciudadanía.
2.- En consecuencia, los gobiernos regionales de Chile, de forma unánime, desde Arica a Magallanes, hacemos un llamado a todos los sectores políticos y autoridades para concretar, con celeridad y decisión, un gran Pacto Nacional por la Seguridad y el Bienestar de nuestros habitantes.
3- Reconocemos la tranquilidad de las personas y el derecho a la vida como un derecho humano básico, que debe ser garantizado por el Estado con todas las herramientas posibles.
4.- Invitamos a todos los alcaldes y alcaldesas del país y a sus asociaciones de municipalidades, a trabajar en conjunto medidas que nos permitan contar con ciudades más seguras y recuperar la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas.
5.- La inseguridad se enfrenta con medidas drásticas: Hay que duplicar el número de efectivos de ambas policías y Gendarmería en un plazo máximo de 5 años; Crear una ley especial, como lo es la ley del cobre, que permita contar con un financiamiento permanente que funcione de forma plurianual y no dependa de la ley de presupuestos de cada año, y, por último, entre otras medidas, reducir la burocracia en los procesos para poder actuar con celeridad y determinación ante el crimen organizado. Estos últimos actúan libremente y no podemos seguir quedan atrás.
6.- Invitamos a los parlamentarios, parlamentarias y al Gobierno, a agilizar las iniciativas que buscan dotar de más herramientas al Estado para el combate contra la delincuencia y el narcotráfico.
En esa línea, desde la asociación de gobernadores y gobernadoras Regionales de Chile, reafirmamos la necesidad de contar con mayores competencias para enfrentar estas y otras problemáticas, por lo que le solicitamos tanto al parlamento como al gobierno tramitar con celeridad y decisión las iniciativas que otorguen a los gobiernos regionales herramientas en materias de prevención y apoyo a las víctimas.
7.- Vencer este flagelo requiere del compromiso y unión de todos y todas sin distinción. Aquí nadie sobra, y en tal sentido, los gobiernos regionales a través de AGORECHI, hacemos un llamado a todos y todas para ponernos a disposición de un objetivo común: Devolver la paz y la tranquilidad a todos quienes habitan este país.
