La Comisión de Constitución continuó con la tramitación en general del proyecto que modifica la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad adolescente por infracciones a la ley penal, esto con el objetivo de fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad (boletín 15589).
El texto corresponde a una moción del diputado Andrés Longton (RN), que propone que en los casos de delitos como el homicidio, el secuestro, la tortura y otros que reciben pena de presidio o reclusión perpetua o presidio perpetuo calificado como, por ejemplo, de violación con homicidio, cometido por adolescentes, se considere no solo la gravedad de los delitos, sino también la reincidencia respecto de conductas de similar gravedad. En este caso, plantea que se aplique el máximo de la pena establecida.
Para ello se proponen reglas especiales en materia de los efectos del recurso de apelación respecto de medidas cautelares, para que los menores infractores que estén en internación provisoria permanezcan en tal condición mientras no se resuelvan los recursos deducidos.
Asimismo, en materia de quebrantamiento y sanciones en régimen cerrado se disponga el cumplimiento de un período idéntico luego de culminado el término de la condena originalmente impuesta. De cualquier manera, dicha internación no puede superar el año, cualquiera fuere el tiempo que duró el quebrantamiento.
Testimonio
La comisión recibió a los padres del joven Andrés Cubillos Contreras, fallecido el 12 de octubre de 2017, dos días después del asalto cometido por otro adolescente que le enterró un cuchillo en la zona toráxica, para robar su celular.
El padre, Andrés Cubillos, manifestó que el proceso judicial para ellos fue un calvario porque en todo momento se les hizo ver por los jueces que lo importante ahora era ayudar al infractor y su reincorporación social.
Añadió que la ley de responsabilidad adolescente permite que los infractores cuenten con abogado pagado con fondos públicos y en cambio ellos debieron pagar un abogado privado.
Agradeció el trabajo de la fiscalía que logró evitar que lo sometieran a juicio abreviado que habría permitido dejarlo en libertad. Explicó que solo 2 de 3 jueces votaron por una condena en régimen cerrado pese a acreditarse plenamente la autoría en el asesinato. Y, agregó, se condenó a siete años, de los cuales solo cumplió tres.
El padre denunció que el tribunal autorizó la salida del infractor, en una audiencia a la cual no los convocaron. Además, que la decisión tomó en cuenta informes, a su juicio, “falsos” emitidos por el Sename.
Recalcó que “jamás nos animó la venganza”, sino que solo querían justicia por el crimen de su hijo.
Finalmente, afirmó que la ley de responsabilidad penal adolescente “es un chiste…porque parte de presupuestos falsos”, como que “todos los jóvenes son buenos” y porque las herramientas de reincorporación no son serias ni reales.
A su vez, la madre de Cristián, Claudia Contreras, afirmó que está “decepcionada” al sentir que la vida de su hijo valió tan poco para el país.
Aumento de penas
Tras este testimonio, el diputado Raúl Leiva (PS) recordó que la comisión aprobó la creación de los tribunales de ejecución de penas. Dicho proyecto establece que las víctimas “deben ser siempre escuchadas” cuando se revisan las medidas cautelares. Pero, añadió, está pendiente en el Senado.
Sobre el proyecto en trámite, sostuvo que está de acuerdo que ciertos delitos violentos no puedan tener penas menores.
El diputado Luis Sánchez (PREP) dijo que “la pega está incompleta” y que este proyecto es bueno, pero que no es primera vez que se suben las penas sin que se evite que salgan libres. Al respecto, enfatizó que el tema es “cuánto ancho de manga” tienen los tribunales.
Marcos Ilabaca (PS) igualmente criticó que el proyecto de ejecución de penas, así como la Defensoría de las víctimas y el de acceso a la justicia no avancen en el Senado, pese a que son parte del fast track legislativo en materia de seguridad. Esto porque se hacen cargo de manera profunda de situaciones como las descritas.
También se manifestó a favor de abordar los casos de delitos cometidos contra la vida de las personas. “No es posible que asesinos, tengan la edad que tengan, en definitiva se burlen no solo de la familia sino que de toda la sociedad”.
Reforzar cumplimiento
El diputado Andrés Longton (RN) valoró la presencia de los invitados, porque la experiencia de lo que ellos vivieron debe servir para mejorar las cosas, sobre todo el funcionamiento y cómo está planteada la ley de responsabilidad adolescente. “El sistema debiera estar de lado de las víctimas”, enfatizó.
A su vez, la diputada Javiera Morales (FA) empatizó con la familia y agradeció la solidaridad de esta de compartir su experiencia para que en el futuro no se repitan estas situaciones. Añadió que es también necesario revisar la implementación del Servicio de reinserción, ya que este caso revela que no solo hay problemas en tribunales sino cómo se cumplen las penas.
Por último, el presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto (IND), señaló que lo relatado es reflejo que el sistema no está respondiendo a su propósito que es hacer justicia.
En el marco del debate, precisó que la comisión acordó escuchar a la Fiscalía Nacional, a la Defensoría Penal Pública, la Defensoría de la Niñez y al Ejecutivo, para proceder a votar en general el proyecto.
