Este martes, el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago determinó la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, tras una audiencia de reformalización en su contra. La decisión, adoptada por el juez Hugo Torres, obedece a los cargos de falsificación de instrumento público y fraude al Fisco, delitos presuntamente cometidos durante su administración municipal.
Barriga cumplirá la medida cautelar en la cárcel de San Miguel, donde el magistrado consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de la investigación, en tanto, fue ampliado en 90 días para continuar recabando antecedentes.
Hasta ahora, la exautoridad se encontraba bajo arresto domiciliario total y con arraigo nacional, medidas que fueron revocadas tras la nueva resolución judicial. Frente a este escenario, su defensa solicitó que se le permitiera un momento para despedirse de su familia y recoger pertenencias desde su hogar, petición que fue rechazada por el juez bajo el principio de igualdad ante la ley.
Este caso resuena más allá del ámbito legal, abriendo un debate sobre la responsabilidad pública, la integridad en el servicio municipal y el impacto humano que enfrentan quienes se ven sometidos a procesos judiciales de alto perfil. La prisión preventiva de Barriga no solo marca un giro en su situación personal, sino también un llamado de atención para la ciudadanía sobre las consecuencias de las malas prácticas en la gestión pública.
Un hecho que no deja a nadie indiferente y que invita a reflexionar sobre el papel de la justicia en una sociedad que exige transparencia y responsabilidad.
