La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, y por unanimidad, el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan sido condenados por delitos contra la probidad. La iniciativa, impulsada por el diputado Marcos Ilabaca (PS), busca impedir que personas con sentencias firmes por delitos como malversación, fraude al fisco y cohecho, puedan ocupar cargos públicos, incluidos los de elección popular.
El texto destaca la importancia de sancionar la corrupción y proteger la transparencia en la función pública, aunque se advirtió sobre la necesidad de mayor efectividad en la persecución y aplicación de estas sanciones. La norma permite, tras 15 años, solicitar la rehabilitación ante el Senado, salvo en casos de inhabilidad perpetua. El proyecto volverá a comisión para revisión de indicaciones.
