Por cinco votos a favor y una abstención, el grupo parlamentario de Gobierno Interior respaldó la idea de legislar del proyecto -originado en dos mociones refundidas- que tiene como fin establecer una periodicidad en los exámenes de control de drogas en las autoridades. Y, de esta manera, fortalecer la probidad en el ejercicio de la función pública.
Al respecto, la primera moción (boletín 16489) ingresada en diciembre de 2023, de la diputada Paula Labra (RN), propone incluir al Presidente de la República dentro de las autoridades que deben someterse al control de consumo de drogas. Así también, establecer a nivel legal la obligación de practicar los exámenes semestralmente a las autoridades respectivas.
En tanto, la segunda propuesta (boletín 16539) es de las diputadas Pamela Jiles (PH) y Yovana Ahumada (IND), presentada en enero de 2024.
Su objetivo es dar eficacia a la causal de inhabilidad para la función de cargos públicos por consumo de drogas sin justificación médica, e ncluye el cargo de Primer Mandatario dentro de las autoridades sujetas a dicha causal. Asimismo, propone que los candidatos se realicen exámenes.
Ambas propuestas modifican diversos cuerpos legales. Entre ellos, la ley 20.000 y las leyes orgánicas del Congreso Nacional, de Gobierno y Administración Regional y la de Municipalidades.
Consideraciones de Contraloría
Comisión de Gobierno Interior
La contralora general de la República (s), Dorothy Pérez, se refirió a las propuestas de exigencias para los candidatos. Estos deberán presentar una declaración jurada al Servel que no están afectos a la inhabilidad por drogas, además del examen médico de cabello de un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud. Sobre el punto, señalo que “es necesario fijar un plazo de antigüedad del control médico para evitar distorsiones”.
A su juicio, la norma debiera referirse a quienes postulen a un cargo de elección popular, en lugar de detallarlos todos (Presidente de la República, senador, diputado, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal). Ello, porque si surgen nuevos puestos, habría que modificar la ley constantemente.
Respecto a las inhabilidades para ingresar a la administración pública, sostuvo que debería incluirse al abogado que participe en causas en que estén involucrados narcotraficantes. También, otros profesionales, como los contadores.
La contralora (s) indicó que la experiencia internacional demuestra que las organizaciones delictivas mayores ya no cuentan sólo con abogado, sino también con otros profesionales que ayudan a evadir impuestos, lavar activos o realizar actividades ilícitas.
En particular, sobre los abogados, dijo que los tribunales remiten a Contraloría, de acuerdo a la Ley 20.000, la información de quiénes patrocinan causas vinculadas al narcotráfico, lo que impide su ingreso a la administración del Estado. En el caso de contadores, planteó que se podría pedir información al Servicio de Impuestos Internos.
Dependencia o consumo
Otra sugerencia de la contralora es aclarar bien si el proyecto se referirá a la dependencia de drogas o al consumo. Explicó que, según la OMS, la dependencia es una enfermedad que tiene compromiso cognitivo y físico lógico, y un deterioro en la capacidad de auto controlar el consumo. Consideró que eso no es lo mismo que un consumo repetitivo.
Por otra parte, sugirió aclarar la periodicidad del control de drogas en forma anual o semestral; y si los resultados serán públicos en sitios electrónicos. Manifestó que existe una discordancia en el texto porque se fija sólo para altas autoridades.
Además, postuló que el tema puede colisionar con la ley de datos personales y la Constitución, respecto a la protección de la vida privada.
Finalmente, propuso incluir en la medición a servidores de la administración pública que cumplen labores decisorias. Es decir, tareas resolutivas, deliberativas y ejecutivas. Por ejemplo, de planificación, operación y control de los órganos públicos. Asimismo, a funcionarios de entidades fiscalizadoras que tienen un rol relevante y que pueden ser cooptados por las organizaciones criminales.
Reacciones
El diputado Gonzalo Winter (FA) valoró la propuesta de la contralora sobre incluir a los abogados patrocinantes de causas por narcotráfico. Es un tema nuevo que adquiere relevancia porque es delicado que quien hace las leyes para enfrentar al narcotráfico vea a la persona no como su enemigo, sino como su representado o como su fuente de ingreso.
En tanto, José Carlos Meza (REP) dijo que existe una incapacidad moral de quien consume drogas y luego debe perseguir a quien la vende. “Hay diputados que han confesado consumir regularmente marihuana que no debieran ser parlamentarios. Se debería considerar el consumo habitual actual”, enfatizó.
Respecto a incluir a abogados o contadores, dijo que se va a poner una cortapisa a una asesoría que es 100% legal. Alertó que puede haber un profesional que lleve las cuentas de una barbería pero que no sabe su vínculo con el narcotráfico.
