La presidenta del Partido Social Cristiano, la diputada Sara Concha, se sumó este miércoles a las críticas por el patrocinio y financiamiento estatal del cuento infantil “Ariel es una niña”, publicación impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y orientada a promover reflexiones sobre infancias trans en espacios educativos.
El proyecto contempla una primera edición de 5.000 ejemplares, que serán distribuidos en jardines infantiles, bibliotecas y establecimientos educacionales del país como parte de una iniciativa que busca fortalecer la inclusión y el respeto a la diversidad de género desde edades tempranas.
Concha calificó como “impresentable” que recursos públicos se destinen a este tipo de iniciativas, afirmando que —a su juicio— el material promueve “ideologías” en menores de edad.
“Es impresentable que con los pocos recursos que le quedan al Estado hoy día se estén promoviendo ideologías y se esté financiando el libro ‘Ariel es una niña’, elaborado y promovido por el Movilh para su distribución en jardines infantiles”, sostuvo la parlamentaria.
En esa línea, anunció que oficiará a la Contraloría General de la República, así como a la Defensoría de la Niñez y a la Subsecretaría de la Niñez, con el fin de conocer los criterios técnicos y pedagógicos que avalaron la difusión del texto.
La diputada también cuestionó la pertinencia del contenido para la edad de los niños a quienes está dirigido y llamó a los padres y apoderados a mantenerse informados.
“Esto no nos parece atingente a la edad de los niños que recibirán este contenido. Esperamos también que los padres y apoderados puedan poner atención a lo que hoy día se les está enseñando a sus hijos”, agregó.
La polémica surge luego de que, en la víspera, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper también criticara el patrocinio estatal, acusando que las entidades públicas involucradas no estarían resguardando el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
Desde la Defensoría de la Niñez señalaron que esperarán la recepción formal del oficio antes de emitir comentarios, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social aún no se ha pronunciado respecto de la controversia.
