A pesar de que la Municipalidad de Panguipulli se trasladó hace varios meses a sus nuevas dependencias, los pagos por concepto de arriendo del inmueble anterior continuaron realizándose, generando dudas respecto al uso eficiente de los recursos municipales y al verdadero ahorro comprometido por la actual administración.
Según documentos oficiales, entre ellos el Decreto de Pago N° 2588, fechado el 11 de agosto de 2025, el municipio pagó la suma de $3.882.351 por concepto de “servicio de arriendo de inmueble para uso de dependencias municipales correspondiente al mes de agosto de 2025”. Esto, a pesar de que las oficinas municipales ya habían sido trasladadas y el inmueble no estaba siendo utilizado para labores institucionales.
Fuentes cercanas señalan que la continuidad del pago se habría debido a que aún quedaban containers y materiales sin retirar del antiguo recinto, lo que habría impedido el término formal del contrato. Sin embargo, este hecho abre interrogantes sobre la planificación y gestión del traslado, especialmente considerando que la administración había anunciado un ahorro significativo con el cambio a sus nuevas instalaciones.
Más allá de las justificaciones administrativas, el punto de fondo es claro: se siguieron pagando recursos públicos por un espacio en desuso, lo que contradice el discurso de eficiencia y austeridad anunciado en su momento.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿existe fiscalización de los concejales? Una vez más, el silencio ha sido absoluto. Parece que nadie ve ni dice nada frente a hechos que deberían, al menos, generar una reacción y exigir explicaciones.
Por otra parte, el traslado ha traído una serie de incomodidades a funcionarios municipales y a los propios usuarios, quienes deben asumir costos adicionales por trasladarse hasta las nuevas dependencias, además de enfrentar diversos inconvenientes que hasta ahora no han sido expuestos ante la opinión pública.
