Con 110 votos a favor y solo 4 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la reforma constitucional que busca modernizar el gobierno judicial. La iniciativa avanza al Senado y propone la separación de funciones administrativas, jurisdiccionales y disciplinarias del Poder Judicial.
El proyecto crea tres organismos autónomos:
Consejo de Nombramientos Judiciales, encargado de proponer al Presidente las ternas de candidatos a jueces y fiscales, priorizando el mérito y la concursabilidad.
Tribunal de Conducta Judicial, que resolverá las investigaciones por faltas disciplinarias y de probidad, lideradas por la Fiscalía Judicial.
Uno de los puntos más debatidos fue el nombramiento de los jueces, que seguirá en manos del Presidente, y la posibilidad de que el Congreso participe en la designación de integrantes del Consejo de Nombramientos, lo que algunos calificaron como una politización innecesaria.
La mayoría de los parlamentarios valoró la reforma como un paso crucial para enfrentar la crisis del Poder Judicial, evidenciada en casos de corrupción como el de Luis Hermosilla, y destacaron que la iniciativa fortalece la independencia, transparencia y meritocracia en la judicatura.
Todos los organismos deberán estar regulados por leyes orgánicas constitucionales en un plazo de seis meses desde publicada la reforma.
