Corte Suprema ratifica anulación de ordenanza de humedales rurales en Panguipulli

Panguipulli-aérea

La Corte Suprema confirmó el fallo que dejó sin efecto la Ordenanza Municipal de Humedales Rurales impulsada por la Municipalidad de Panguipulli, normativa aprobada en 2023 con el objetivo de proteger ecosistemas presentes en sectores rurales de la comuna.

La decisión del máximo tribunal ratifica lo resuelto previamente por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, instancia que acogió una reclamación presentada por un grupo de propietarios de terrenos, quienes cuestionaron las restricciones impuestas por la ordenanza para construir y desarrollar proyectos en predios incluidos dentro de áreas definidas como humedales rurales.

Para revertir el fallo, el municipio presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, argumentando presuntas irregularidades en la sentencia y defendiendo su autonomía para promover políticas de resguardo ambiental. Sin embargo, el recurso fue rechazado.

En su resolución, la Corte determinó que el municipio excedió sus atribuciones al establecer una figura de protección ambiental, señalando que esta competencia corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y no a los gobiernos comunales.

El abogado de los reclamantes, Marcelo Vargas, valoró la decisión judicial y afirmó que la normativa municipal generó restricciones al derecho de propiedad, afectando iniciativas privadas y proyectos turísticos en distintos sectores de la comuna. Además, indicó que evalúan posibles acciones legales por eventuales perjuicios económicos asociados a la paralización de inversiones.

Hasta el momento, desde la Municipalidad de Panguipulli no se han referido públicamente al fallo.

¿Qué significa esta decisión?
En términos simples, la Corte Suprema estableció que un municipio no puede crear por sí solo nuevas categorías de protección ambiental sobre terrenos rurales si esa facultad está reservada por ley al Ministerio del Medio Ambiente. Esto implica que la ordenanza queda anulada y deja de aplicarse, aunque la protección de humedales sigue siendo posible mediante mecanismos legales establecidos a nivel nacional.