Las diputadas electas Javiera Rodríguez y Valentina Becerra manifestaron su preocupación tras conocerse un informe que detalla la entrega de pensiones de gracia vinculadas al estallido social. De acuerdo con los antecedentes, el Estado destinó $7.009.644.357 a un total de 418 beneficiarios, en pagos que se concretaron a un mes del término del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Las cifras reabrieron el debate político en torno a los criterios de asignación y la transparencia del proceso. Según el documento, la actual administración otorgó 270 pensiones vitalicias, mientras que durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera se concedieron 148.
Rodríguez cuestionó duramente el financiamiento estatal de estos beneficios, señalando que resulta “altamente cuestionable” que se destinen recursos públicos a personas vinculadas a hechos de violencia. A su juicio, el Estado debe revisar en profundidad el otorgamiento de estas pensiones, establecer mayores controles y asegurar que los beneficios sean asignados de manera justa y transparente.
Por su parte, Becerra llamó a revisar el mecanismo de entrega, advirtiendo que en algunos casos se habría beneficiado a personas con antecedentes penales que no guardarían relación directa con las causales que justifican estas ayudas. Asimismo, cuestionó la permanencia de algunos beneficiarios que no habrían sido reconocidos formalmente como víctimas.
En este contexto, la Contraloría General de la República detectó 58 pensionados con antecedentes previos al 18 de octubre de 2019. Tras esa observación, el Ministerio del Interior revocó 28 beneficios durante 2024, abriendo un nuevo foco de discusión sobre los mecanismos de fiscalización y control.
Las parlamentarias insistieron en que el Estado debe reforzar los criterios de evaluación y priorizar otras necesidades sociales urgentes. El debate, que combina aspectos legales, presupuestarios y políticos, promete seguir marcando la agenda pública en las próximas semanas.
