Una compleja situación enfrentan nueve locales comerciales ubicados en el sector de salida hacia la comuna de Los Lagos, tras una decisión administrativa que determinó el cierre de sus establecimientos. Si bien la medida podría estar ajustada a la normativa vigente, ha generado un fuerte impacto económico, familiar y social en emprendedores locales.
Los comerciantes afectados son familias de la comuna que, con esfuerzo y endeudamiento, levantaron sus negocios en el sector, generando empleo y actividad económica. Actualmente, varios de ellos se encuentran operando con permisos provisorios en el exterior de sus propios locales, exponiendo sus productos a la intemperie, situación que consideran una precarización de su actividad.
Trámite pendiente: cambio de uso de suelo
El principal obstáculo radica en el cambio de uso de suelo; actualmente denominado Informe de Relevancia Territorial (IRT), requisito exigido por encontrarse el sector en área rural, fuera del límite urbano. Este trámite involucra gestiones ante el Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y puede extenderse entre seis meses y más de un año, dependiendo de observaciones técnicas.
Los comerciantes recalcan que cuentan con permisos sanitarios y comerciales vigentes. Sin embargo, al no ser propietarios de los inmuebles, sino arrendatarios, el proceso de regularización estructural depende del dueño del terreno.
En octubre de 2025, las familias y propietarios solicitaron formalmente diálogo con las autoridades para establecer plazos y compromisos que permitieran avanzar en la regularización sin afectar la temporada estival, considerada la más importante del año en materia comercial.
Impacto y cuestionamientos
Tras casi un mes de cierre, los afectados reportan pérdidas económicas, desánimo y temor. Señalan que, si el criterio aplicado fuese uniforme en toda la comuna, una parte significativa del comercio local —tanto rural como urbano— podría enfrentar medidas similares por encontrarse en procesos administrativos pendientes.
En ese contexto, surge el debate sobre la responsabilidad política en la toma de decisiones. Diversos actores plantean que no basta con aplicar la norma en forma estricta, sino que se requiere criterio, gradualidad y acompañamiento técnico para no afectar a familias que han manifestado voluntad de regularización.
Asimismo, se ha cuestionado el rol del Concejo Municipal, recordando que su función no se limita a actividades protocolares, sino que incluye fiscalización, representación ciudadana y búsqueda de soluciones frente a conflictos que impactan directamente a trabajadores y emprendedores.
Llamado a voluntad política
Los comerciantes insisten en que no existe intención de incumplir la ley, sino de contar con tiempos razonables y apoyo institucional para completar un proceso que, por su naturaleza, es largo y complejo.
Finalmente, los afectados sostienen que la comuna necesita estándares de gestión que equilibren legalidad y realidad social, promoviendo el emprendimiento y protegiendo a las familias que generan empleo y desarrollo local.
